Posverdad: la realidad a la carta

Que la expresión “fake news” se haya incorporado con tanta facilidad y rapidez al discurso diario del periodista no deja de ser una triste constatación de la fragilidad actual de la profesión pero también es reveladora de un estado de confusión ideológica generalizado, de cierta nostalgia de las ideologías globalizadoras y del acceso al poder de personajes indignos de una democracia madura. Si la consolidación de Internet como difusor de noticias ha permitido que el rango de productores de noticias se haya ensanchado hasta límites difícilmente imaginables hace unos años, algo que consideramos quizás con excesiva premura como un éxito democrático, también ha posibilitado que se propagaran como la pólvora el consumo irreflexivo de noticias, la manipulación, la mentira y por tanto la duda constante acerca de la veracidad de las noticias que recibimos. Así, en el enorme magma que son las noticias que llegan constantemente a nuestro smartphone o a nuestro ordenador, ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso, lo fundamental de lo accesorio? La sobreproducción de noticias y la proliferación de verdades a medias, cuando no de mentiras descaradas, parece habernos conducido a un inmenso marasmo informativo donde resulta dificilísimo distinguir el grano de la paja: ¿y si la omnipresencia de medios nos estuviera llevando paradójicamente a una ceguera generalizada?

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La práctica desaparición de la fundamental figura del editor en gran parte de redacciones ha supuesto una importante pérdida de criterio en demasiadas cabeceras nacionales e internacionales. A la tradicional precariedad del oficio de periodista se han sumado la crisis económica mundial, que amenaza con ser endémica, y la de una dificultad máxima a la hora de buscar rentabilidad en un entorno donde la mayor parte de los contenidos son gratuitos.

Esta ausencia de filtro, que podría ser sinónimo de pluralidad, en realidad hace más frágil al lector/espectador al situarse en un terreno donde lo llamativo prevalece sobre el rigor, donde la búsqueda de “likes” y de “retweets” le gana la batalla a la reflexión, a la duda y, en definitiva, al oficio de periodista tal y como se desarrolló a lo largo del siglo XX.

Pero no solo hay que ver una pérdida en el rigor profesional en la propagación de noticias poco contrastadas o directamente falsas sino una clara intención de manipular a la población con fines económicos o políticos. El caso paradigmático lo encontramos evidentemente en el actual inquilino de la Casa Blanca, acusado de difundir nada menos que 115 mentiras en sus primeros seis meses de mandato a la cabeza del país más poderoso del planeta. Se habló de la injerencia de los servicios secretos rusos en la elección de Trump así como en el Brexit o en la crisis catalana en una práctica con la que bien podríamos tener que lidiar constantemente en el futuro.

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Esta multiplicación exponencial de emisores de noticias llega paradójicamente a ocultar lo que está ocurriendo al situarlo todo al mismo nivel causando así una grave situación de pérdida de autoridad y la tentación, en el consumidor de noticias más perezoso, de ponerlo todo en el mismo saco. Las “fake news” pueden en efecto llegar a desacreditar noticias contrastadas e inapelables que, contaminadas por informaciones falsas, parecen perder credibilidad. Sería el caso de la inserción, en las noticias relativas al tráfico de esclavos subsaharianos en la caótica Libia actual, de fotografías correspondientes a otros conflictos. La introducción de la falsedad en una noticia terriblemente cierta parece desacreditar la noticia en sí, tal y como también ocurrió con las fotos de violencias policiales en el 1 de octubre catalán. De hecho, el ministro de exteriores español Alfonso Dastis se refirió a la falsedad de algunas de las imágenes para defender, ante la BBC, la correcta actuación de la policía en el día del intento de referéndum en Cataluña. Por desgracia para el ministro, resultó que las imágenes que estaban emitiendo habían sido rodadas por la propia cadena de televisión británica. Pero da igual, muchos partidarios de la actuación de la policía español el 1 de octubre ya podían escudarse en la falsedad de (algunas) imágenes para poner en duda el conjunto de las críticas al gobierno.

Este efecto perverso de la era de la posverdad, según el cual cualquier responsable político, llamémosle Donald Trump por ejemplo, puede tratar de desacreditar toda noticia inconveniente tachándola de “fake news” permite situar a la emoción por encima del razonamiento a la hora de tratar de convencer. La falsedad serviría aquí para desacreditar la verdad y para situarlo todo en un relativismo que siempre beneficiará a los manipuladores al situar a la verdad y la mentira en un pie de igualdad.

El peligro es que, evidentemente, estas fake news no están sujetas a la rigurosa realidad, a veces tan prosaica, y están completamente libres para adoptar la forma más atractiva y fácil de entender para permitir una difusión masiva. En ocasiones incluyen algunos datos ciertos y fácilmente constatables para ganar en veracidad y siempre se trata de mensajes claros. Su escasa responsabilidad con los hechos acontecidos les permite buscar un impacto directo para asegurar una difusión masiva, apelando a la indignación y a los prejuicios del consumidor de noticias para facilitar así una oleada de retweets, mejor. Poco importa si el o los protagonistas de la noticia la desmienten, el daño ya estará hecho y la noticia ya se habrá compartido centenares, miles de veces dejando un ya nada rebatible poso en una cantidad casi incalculable de personas. Es la puesta al día del famoso adagio periodístico según el cual “no hay que dejar que la verdad estropee un buen titular” pero capaz de alcanzar a una audiencia mundial hambrienta de golpes informativos y de cualquier argumento que refuerce sus ideas previas. La dificultad para encontrar el origen de la propagación de las fake news, a menudo a través de perfiles falsos en las redes sociales, cuando no a través de empresas dedicadas exclusivamente a la difusión de bulos, obliga a extremar la prudencia

¿Cómo hacer frente a esta oleada de falsas noticias? No hay evidentemente fórmula mágica pero paradójicamente esta amenaza al periodismo no tiene más respuesta que el propio periodismo y sus viejas recetas: la comprobación de fuentes, el contraste de la noticia, ir más allá del titular, investigar si es plausible que tal medio tenga acceso a ciertas informaciones y sobre todo el rigor y la desconfianza como bandera.

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(fotos: Rubén Plasencia /Agencia Zoom)

Dos inmensas minorías

El estado de crispación extrema en que ha caído Cataluña ha cimentado la existencia de dos bandos cada vez más estancos, cada vez menos dispuestos a llegar a una solución pactada y asumible por la otra parte. Sin una solución aceptable por los dos bandos, parece que el conflicto puede alargarse eternamente y, lo que es peor, con cada uno de los adversarios cada vez más alejado del otro, cada vez más enconado en su posición cerrada y cada vez menos dispuesto a escuchar sinceramente los argumentos del otro. Mientras resurgen fantasmas del pasado más siniestro, la sociedad catalana se está quedando enfrascada en una batalla simbólica mientras no hace frente a los problemas concretos que sufre una inmensa parte de la población, de los que la precariedad laboral o el aumento del precio del alquiler no son más que la punta del iceberg.

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Bandos ya irreconciliables

El problema ya no es tanto que cada una de las partes represente aproximadamente un 50% de la población sino que no parece existir ninguna solución realista que pueda contentar mínimamente a ambos bandos. En pocos años, hemos pasado de un 20% de partidarios de la independencia a aproximadamente un 50%, y si las campañas mediáticas de la antigua Convergència sin duda han jugado un papel fundamental en este cambio, nada comparable con el “relato” presentado por el Partido Popular que rápidamente se ha asimilado a la pertenencia a España. Un discurso basado en la aplicación más cerrada de la legislación vigente en un país donde pesan graves dudas acerca de la independencia judicial y donde el propio partido en el poder acumula más de 800 casos abiertos no tiene el suficiente crédito como para ser aceptado por el conjunto de la población. Con razón o sin ella, a una inmensa parte de la población le cuesta creer que decisiones judiciales como la encarcelación de los líderes de la ANC y de Omnium Cultural y de la cúpula del gobierno catalán se hayan adoptado al margen del gobierno central. La sacrosanta independencia judicial es difícilmente creíble en vistas de los numerosos antecedentes y cada decisión procedente del Estado no ha hecho más que empujar a los catalanistas más moderados hacia la opción de la independencia, que alcanza ya claramente a la mitad de la población.

Con razón o sin ella, el catalanismo político entiende que las autoridades judiciales españolas actúan contra sus representantes con un celo claramente determinado por directrices políticas y que, por tanto, respetar el orden jurídico vigente ya no es una obligación. La clave está en que, llegados a este punto, este 50% de partidarios de la ruptura con España no va a conformarse con nada que sea menos que la independencia o, por lo menos, un referéndum vinculante de autodeterminación. Por el otro bando, ninguno de los dos grandes partidos españoles está dispuesto siquiera a negociar una propuesta semejante. De los partidos de ámbito estatal queda Podemos, probablemente más dispuesto a una solución pactada, pero con unas posibilidades todavía lejanas de imponerse en el gobierno central.

¿Cómo hemos llegado a este punto?

Son probablemente múltiples las circunstancias que, acumuladas, hayan llevado a esta situación (la crisis económica, la voluntad de Convergència y PP de tapar sus vergüenzas con banderas, la tradicional falta de consideración hacia el hecho diferencial catalán, la pérdida de identidad frente a la globalización, etc) pero la desconexión que se ha producido entre un bando y otro parece definitiva. Ya no se trata de convencer a la otra parte sino de acallarla o destruirla y, a pesar de la multitud de partidos que se presentarán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en realidad son dos bloques enfrentados, con En Comú Podem de indecisa bisagra, los que van a concurrir en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. La portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha llegado a plantear las elecciones como una lucha “entre el bien y el mal.” El maniqueísmo nunca se ha llevado bien con la democracia y la prioridad de los políticos catalanes debería ser la clara consciencia de que, con o sin independencia, los siete millones y pico de catalanes deberán convivir de la mejor manera posible.

 Total falta de autocrítica

Con los dos bandos más preocupados en despreciar al otro en lugar de ofrecer un discurso constructivo y realista, no se atisba ninguna solución a corto o medio plazo. Al revés, cada movimiento del uno no hace más que confirmar al otro en unas posiciones cada vez más extremas y nadie parece dispuesto a asumir los numerosos errores cometidos. Tratando de apagar las ansias separatistas, el Estado no ha hecho más que darles nuevos argumentos y, con medidas tan prescindibles como el encarcelamiento preventivo de la cúpula del govern, ha convertido a unos irresponsables victimistas en auténticas víctimas incluso a ojos de los que no comulgan con sus ideas. El separatismo político no ha desaprovechado el cartucho que tan amablemente le ha ofrecido el Estado y puede seguir tratando de difundir por Europa la imagen de una España intolerante y antidemocrática.

Nada de esto hubiera pasado si el Estatut aprobado por las cortes catalanas y españolas, totalmente asumible en un España unida pero algo más abierta a las peculiaridades de su población, no hubiese sido impugnado ante el Tribunal Constitucional. Volver ahora a ese Estatut es ya imposible y esperar a que la tensión y la sensación de agravio decaigan por si solas es una ingenuidad.

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