Posverdad: la realidad a la carta

Que la expresión “fake news” se haya incorporado con tanta facilidad y rapidez al discurso diario del periodista no deja de ser una triste constatación de la fragilidad actual de la profesión pero también es reveladora de un estado de confusión ideológica generalizado, de cierta nostalgia de las ideologías globalizadoras y del acceso al poder de personajes indignos de una democracia madura. Si la consolidación de Internet como difusor de noticias ha permitido que el rango de productores de noticias se haya ensanchado hasta límites difícilmente imaginables hace unos años, algo que consideramos quizás con excesiva premura como un éxito democrático, también ha posibilitado que se propagaran como la pólvora el consumo irreflexivo de noticias, la manipulación, la mentira y por tanto la duda constante acerca de la veracidad de las noticias que recibimos. Así, en el enorme magma que son las noticias que llegan constantemente a nuestro smartphone o a nuestro ordenador, ¿cómo distinguir lo verdadero de lo falso, lo fundamental de lo accesorio? La sobreproducción de noticias y la proliferación de verdades a medias, cuando no de mentiras descaradas, parece habernos conducido a un inmenso marasmo informativo donde resulta dificilísimo distinguir el grano de la paja: ¿y si la omnipresencia de medios nos estuviera llevando paradójicamente a una ceguera generalizada?

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La práctica desaparición de la fundamental figura del editor en gran parte de redacciones ha supuesto una importante pérdida de criterio en demasiadas cabeceras nacionales e internacionales. A la tradicional precariedad del oficio de periodista se han sumado la crisis económica mundial, que amenaza con ser endémica, y la de una dificultad máxima a la hora de buscar rentabilidad en un entorno donde la mayor parte de los contenidos son gratuitos.

Esta ausencia de filtro, que podría ser sinónimo de pluralidad, en realidad hace más frágil al lector/espectador al situarse en un terreno donde lo llamativo prevalece sobre el rigor, donde la búsqueda de “likes” y de “retweets” le gana la batalla a la reflexión, a la duda y, en definitiva, al oficio de periodista tal y como se desarrolló a lo largo del siglo XX.

Pero no solo hay que ver una pérdida en el rigor profesional en la propagación de noticias poco contrastadas o directamente falsas sino una clara intención de manipular a la población con fines económicos o políticos. El caso paradigmático lo encontramos evidentemente en el actual inquilino de la Casa Blanca, acusado de difundir nada menos que 115 mentiras en sus primeros seis meses de mandato a la cabeza del país más poderoso del planeta. Se habló de la injerencia de los servicios secretos rusos en la elección de Trump así como en el Brexit o en la crisis catalana en una práctica con la que bien podríamos tener que lidiar constantemente en el futuro.

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Esta multiplicación exponencial de emisores de noticias llega paradójicamente a ocultar lo que está ocurriendo al situarlo todo al mismo nivel causando así una grave situación de pérdida de autoridad y la tentación, en el consumidor de noticias más perezoso, de ponerlo todo en el mismo saco. Las “fake news” pueden en efecto llegar a desacreditar noticias contrastadas e inapelables que, contaminadas por informaciones falsas, parecen perder credibilidad. Sería el caso de la inserción, en las noticias relativas al tráfico de esclavos subsaharianos en la caótica Libia actual, de fotografías correspondientes a otros conflictos. La introducción de la falsedad en una noticia terriblemente cierta parece desacreditar la noticia en sí, tal y como también ocurrió con las fotos de violencias policiales en el 1 de octubre catalán. De hecho, el ministro de exteriores español Alfonso Dastis se refirió a la falsedad de algunas de las imágenes para defender, ante la BBC, la correcta actuación de la policía en el día del intento de referéndum en Cataluña. Por desgracia para el ministro, resultó que las imágenes que estaban emitiendo habían sido rodadas por la propia cadena de televisión británica. Pero da igual, muchos partidarios de la actuación de la policía español el 1 de octubre ya podían escudarse en la falsedad de (algunas) imágenes para poner en duda el conjunto de las críticas al gobierno.

Este efecto perverso de la era de la posverdad, según el cual cualquier responsable político, llamémosle Donald Trump por ejemplo, puede tratar de desacreditar toda noticia inconveniente tachándola de “fake news” permite situar a la emoción por encima del razonamiento a la hora de tratar de convencer. La falsedad serviría aquí para desacreditar la verdad y para situarlo todo en un relativismo que siempre beneficiará a los manipuladores al situar a la verdad y la mentira en un pie de igualdad.

El peligro es que, evidentemente, estas fake news no están sujetas a la rigurosa realidad, a veces tan prosaica, y están completamente libres para adoptar la forma más atractiva y fácil de entender para permitir una difusión masiva. En ocasiones incluyen algunos datos ciertos y fácilmente constatables para ganar en veracidad y siempre se trata de mensajes claros. Su escasa responsabilidad con los hechos acontecidos les permite buscar un impacto directo para asegurar una difusión masiva, apelando a la indignación y a los prejuicios del consumidor de noticias para facilitar así una oleada de retweets, mejor. Poco importa si el o los protagonistas de la noticia la desmienten, el daño ya estará hecho y la noticia ya se habrá compartido centenares, miles de veces dejando un ya nada rebatible poso en una cantidad casi incalculable de personas. Es la puesta al día del famoso adagio periodístico según el cual “no hay que dejar que la verdad estropee un buen titular” pero capaz de alcanzar a una audiencia mundial hambrienta de golpes informativos y de cualquier argumento que refuerce sus ideas previas. La dificultad para encontrar el origen de la propagación de las fake news, a menudo a través de perfiles falsos en las redes sociales, cuando no a través de empresas dedicadas exclusivamente a la difusión de bulos, obliga a extremar la prudencia

¿Cómo hacer frente a esta oleada de falsas noticias? No hay evidentemente fórmula mágica pero paradójicamente esta amenaza al periodismo no tiene más respuesta que el propio periodismo y sus viejas recetas: la comprobación de fuentes, el contraste de la noticia, ir más allá del titular, investigar si es plausible que tal medio tenga acceso a ciertas informaciones y sobre todo el rigor y la desconfianza como bandera.

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(fotos: Rubén Plasencia /Agencia Zoom)

Dos inmensas minorías

El estado de crispación extrema en que ha caído Cataluña ha cimentado la existencia de dos bandos cada vez más estancos, cada vez menos dispuestos a llegar a una solución pactada y asumible por la otra parte. Sin una solución aceptable por los dos bandos, parece que el conflicto puede alargarse eternamente y, lo que es peor, con cada uno de los adversarios cada vez más alejado del otro, cada vez más enconado en su posición cerrada y cada vez menos dispuesto a escuchar sinceramente los argumentos del otro. Mientras resurgen fantasmas del pasado más siniestro, la sociedad catalana se está quedando enfrascada en una batalla simbólica mientras no hace frente a los problemas concretos que sufre una inmensa parte de la población, de los que la precariedad laboral o el aumento del precio del alquiler no son más que la punta del iceberg.

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Bandos ya irreconciliables

El problema ya no es tanto que cada una de las partes represente aproximadamente un 50% de la población sino que no parece existir ninguna solución realista que pueda contentar mínimamente a ambos bandos. En pocos años, hemos pasado de un 20% de partidarios de la independencia a aproximadamente un 50%, y si las campañas mediáticas de la antigua Convergència sin duda han jugado un papel fundamental en este cambio, nada comparable con el “relato” presentado por el Partido Popular que rápidamente se ha asimilado a la pertenencia a España. Un discurso basado en la aplicación más cerrada de la legislación vigente en un país donde pesan graves dudas acerca de la independencia judicial y donde el propio partido en el poder acumula más de 800 casos abiertos no tiene el suficiente crédito como para ser aceptado por el conjunto de la población. Con razón o sin ella, a una inmensa parte de la población le cuesta creer que decisiones judiciales como la encarcelación de los líderes de la ANC y de Omnium Cultural y de la cúpula del gobierno catalán se hayan adoptado al margen del gobierno central. La sacrosanta independencia judicial es difícilmente creíble en vistas de los numerosos antecedentes y cada decisión procedente del Estado no ha hecho más que empujar a los catalanistas más moderados hacia la opción de la independencia, que alcanza ya claramente a la mitad de la población.

Con razón o sin ella, el catalanismo político entiende que las autoridades judiciales españolas actúan contra sus representantes con un celo claramente determinado por directrices políticas y que, por tanto, respetar el orden jurídico vigente ya no es una obligación. La clave está en que, llegados a este punto, este 50% de partidarios de la ruptura con España no va a conformarse con nada que sea menos que la independencia o, por lo menos, un referéndum vinculante de autodeterminación. Por el otro bando, ninguno de los dos grandes partidos españoles está dispuesto siquiera a negociar una propuesta semejante. De los partidos de ámbito estatal queda Podemos, probablemente más dispuesto a una solución pactada, pero con unas posibilidades todavía lejanas de imponerse en el gobierno central.

¿Cómo hemos llegado a este punto?

Son probablemente múltiples las circunstancias que, acumuladas, hayan llevado a esta situación (la crisis económica, la voluntad de Convergència y PP de tapar sus vergüenzas con banderas, la tradicional falta de consideración hacia el hecho diferencial catalán, la pérdida de identidad frente a la globalización, etc) pero la desconexión que se ha producido entre un bando y otro parece definitiva. Ya no se trata de convencer a la otra parte sino de acallarla o destruirla y, a pesar de la multitud de partidos que se presentarán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en realidad son dos bloques enfrentados, con En Comú Podem de indecisa bisagra, los que van a concurrir en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. La portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha llegado a plantear las elecciones como una lucha “entre el bien y el mal.” El maniqueísmo nunca se ha llevado bien con la democracia y la prioridad de los políticos catalanes debería ser la clara consciencia de que, con o sin independencia, los siete millones y pico de catalanes deberán convivir de la mejor manera posible.

 Total falta de autocrítica

Con los dos bandos más preocupados en despreciar al otro en lugar de ofrecer un discurso constructivo y realista, no se atisba ninguna solución a corto o medio plazo. Al revés, cada movimiento del uno no hace más que confirmar al otro en unas posiciones cada vez más extremas y nadie parece dispuesto a asumir los numerosos errores cometidos. Tratando de apagar las ansias separatistas, el Estado no ha hecho más que darles nuevos argumentos y, con medidas tan prescindibles como el encarcelamiento preventivo de la cúpula del govern, ha convertido a unos irresponsables victimistas en auténticas víctimas incluso a ojos de los que no comulgan con sus ideas. El separatismo político no ha desaprovechado el cartucho que tan amablemente le ha ofrecido el Estado y puede seguir tratando de difundir por Europa la imagen de una España intolerante y antidemocrática.

Nada de esto hubiera pasado si el Estatut aprobado por las cortes catalanas y españolas, totalmente asumible en un España unida pero algo más abierta a las peculiaridades de su población, no hubiese sido impugnado ante el Tribunal Constitucional. Volver ahora a ese Estatut es ya imposible y esperar a que la tensión y la sensación de agravio decaigan por si solas es una ingenuidad.

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¿Dónde está el punto de no retorno?

Hay momentos en la vida en que se acaba haciendo algo de lo que, lo sabemos, nos vamos a arrepentir y sin embargo no podemos evitar hacerlo. Lo hacemos por despecho, por impaciencia, por rabia, las más de las veces por simple estupidez.

Este momento parece haber llegado en Cataluña tras la violenta acción llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado el pasado 1 de octubre en su burdo intento de impedir la celebración de un referéndum para la independencia de Cataluña.

Pocos acontecimientos se nos ofrecen, en el transcurso de una vida, que presenten tantísimas posibilidades de convertirse en una fecha clave, una de las que se dice que marcan “un antes y un después” como este 1 de octubre. La desproporcionada acción de las fuerzas del orden nacionales marcará como pocos acontecimientos la historia moderna de los catalanes, pero no por haber evitado el aparente atropello a la democracia y a la libertad que por lo visto supone la convocatoria de un referéndum sino porque escenifica de forma muy gráfica una ruptura entre el soberanismo catalán y las instituciones españolas, quién sabe si una ruptura definitiva entre Cataluña y España. Intervenir con esta dosis de violencia en los colegios electorales es un error en prácticamente todos los sentidos y es muy probable que marque para siempre la política del gobierno de Mariano Rajoy respecto al desafío independentista.

En primer lugar se trata de un error de orden moral: no debería ser necesario repetirlo pero las fuerzas del orden, al igual que el resto de los funcionarios, están para servir a los ciudadanos, no para violentarlos indiscriminadamente, por mucho que participen a una convocatoria que se ha saltado las más mínimas garantías legales.

En segundo lugar es un error a nivel de la imagen exterior de España, una democracia que Europa sigue considerando joven y que resultó ser un alumno aplicado en la década de 1980 y 1990 pero sobre la que sigue pesando la sombra alargada del dictador Francisco Franco, y en la que parecen haber resucitado, en pleno siglo XXI, algunos de sus fantasmas más siniestros: la intransigencia, la cerrazón, el odio visceral. En definitiva, el “a por ellos, oe”.

También fue un error en cuanto al objetivo primero de la intervención: la votación se pudo llevar a cabo y se calcula que sólo se impidió ejercer el voto a una quinta parte de los que deseaban hacerlo. En este sentido, el empeño de la Guardia Civil por tratar de evitar el voto en el pueblo de Sant Julià de Ramís, donde tenía que votar el president Puigdemont, resultó infantil y grotesco. Las imágenes de Puigdemont cambiándose de coche en un túnel para despistar al helicóptero de la Guardia Civil que seguía su rastro y poder votar suma un ejemplo más al esperpento en que se ha convertido el enfrentamiento entre Generalitat y gobierno central.

Además, ¿había una manera más eficaz de darle importancia a la votación que tratar de impedirla? ¿No se suponía que, por la manera en que fue aprobada la convocatoria por parte del Parlament, el referéndum carecía de toda legitimidad?

A la vista del resultado (en torno al 90% a favor del sí), no era muy difícil deslegitimar el referéndum simplemente ignorándolo. Al revés, mandar a las fuerzas del orden, y en la magnitud en que se hizo, convirtió lo que no iba a poder ser mucho más que una consulta en un acto no ya a favor o en contra de la independencia sino a favor de los derechos civiles más básicos.

Lo ocurrido el 1 de octubre, hábilmente manejado por los medios oficiales de la Generalitat, ha ahondado en la idea de que no se trata ya de una disputa entre una pertenencia u otra, entre sentirse más catalán o más español, sino que asocia la españolidad definitivamente con la represión y la catalanidad con la voluntad de expresarse mediante las urnas. ¿Acaso España no ha resuelto siempre sus diferencias a garrotazos? ¿No son ellos los que disfrutan torturando animales en público hasta la agonía, mientras nosotros construimos torres humanas?

El independentismo no podía soñar con ilustración más gráfica del carácter intrínsecamente violento e intolerante de España que esas imágenes de guardias civiles arrastrando por el suelo a decenas de participantes a lo que hasta entonces no era más que un simulacro de referéndum, golpeando personas mayores o entrando en colegios públicos como si se tratara de búnkeres militares.

Estas imágenes, repetidas en bucle por la televisión pública catalana, han logrado lo que no se logró tras décadas de formación de cierto espíritu nacional mediante las instituciones y los medios de comunicación públicos: que incluso los que carecen de todo lazo afectivo con la identidad catalana tal y como se ha construido a lo largo de las últimas décadas se acaben planteando la pertinencia de constituir un Estado independiente.

El nacionalismo catalán lleva décadas vendiendo la idea de un maltrato fiscal y cultural sin llegar del todo a convencer a una mayoría suficiente de la población como para dar el paso definitivo de la ruptura. Un escenario como el vivido el 1 de octubre no hace más que reforzar a todos aquellos que consideran que todo diálogo con el Estado es baldío, que la España de la Inquisición, la intransigencia, el Franquismo, la España imperial sigue viva y nada dispuesta a valorar la riqueza de sus pueblos. Y sobre todo, aparece como un país dispuesto a violentar a sus propios ciudadanos a la mínima sospecha de querer poner en duda el orden vigente.

Mientras los partidarios de la secesión han construido un discurso ilusionante (engañoso, manipulador e incluso infantil pero ilusionante), los partidarios de la unidad con España no han hecho más que tratar de deslegitimar a los independentistas a golpe de sentencias del Tribunal Constitucional y, desde el 1 de octubre, a base de golpes a secas.

Así, apenas han circulado las razones por las cuales mantenerse en España conlleva multitud de ventajas (facilidades comerciales, intercambio cultural, ausencia de aranceles, estabilidad económica y política, pertenencia a la Unión Europea, etc.) sino que el bloque unionista ha contribuido ante todo a dar argumentos a los independentistas. La actitud del gobierno central ha convertido a ojos de una mayoría cada vez más importante de catalanes el conflicto entre centralismo y soberanismo en una lucha entre represión y libertad y una respuesta tan violenta por parte del Estado español no hace más que reforzar las tesis independentistas más extremas.

Pretender buscar una solución al desafío independentista por la vía estrictamente judicial no solamente es incongruente con la idea de convivencia armónica entre los diferentes pueblos de España sino que también imposibilita una solución estable a largo término. Porque si una cosa ha demostrado el movimiento independentista es constancia así como una notable capacidad para participar en manifestaciones de manera cívica y pacífica, como lo demuestran las numerosas y multitudinarias concentraciones que se vienen llevando a cabo en los últimos años. Es, afortunadamente, imposible que la demostración de fuerza física llevada a cabo el 1 de octubre vaya a menguar su capacidad para reclamar lo que considera justo. También nos tenemos que alegrar que, en el marco de la Europa del siglo XXI, sea imposible aplastar una revuelta por la vía militar. A ojos de la mitad de la población catalana, la alternativa ofrecida por el gobierno central sólo ofrece dos salidas: el sometimiento absoluto o una insumisión de consecuencias incalculables.

Aunque las implicaciones financieras de una secesión, unilateral o no, ya se están haciendo notar, parece que ya es tarde para que la argumentación les haga retroceder.

Así las cosas, la única vía por la que se puede llegar a encontrar una solución estable y duradera es la vía de la negociación. Por desgracia, las posturas se han ido enconando a lo largo de los últimos años hasta tal punto que apenas vemos ahora interlocutores válidos, en una y otra parte, capaces de enderezar la situación y ofrecer soluciones aceptables para todos. Si los puentes de diálogos entre una y otra parte ya se estaban tambaleando antes del 1 de octubre, los acontecimientos no han hecho más que asentar a cada uno en su postura.

La fractura social es ya un hecho en Cataluña y, más que afear a los máximos responsables de la situación actual, urge buscar los denominadores comunes más evidentes que eviten que caigamos en un conflicto abierto. Con independencia o sin ella, la convivencia de los catalanes debería ser el objetivo primero de cualquier poder público con un mínimo de responsabilidad, pero ambas partes están más empeñadas en reafirmar el apoyo de los suyos que en tender una mano al adversario,

A cada paso que damos hacia lo exclusivamente emocional, y las imágenes del 1 de octubre contribuyen a ello en una proporción gigantesca, lo damos también hacia un punto de no retorno, ese punto en el que los ánimos están ya tan encrespados que ya no se buscan soluciones sino descargar toda la rabia acumulada.

El punto de no retorno llega cuando, sin esperanzas ya de arreglar el asunto, le decimos a nuestra pareja todo lo que no nos atrevíamos a decirle por temor a romper la relación. ¿Hemos llegado a este punto? Es imposible afirmarlo con certeza, pese a algunos signos inequívocos.

Lo que sí parece evidente es que lo que resulta tan fácil de romper en cuestión de minutos tardará años y años en reconstruirse.