Dos inmensas minorías

El estado de crispación extrema en que ha caído Cataluña ha cimentado la existencia de dos bandos cada vez más estancos, cada vez menos dispuestos a llegar a una solución pactada y asumible por la otra parte. Sin una solución aceptable por los dos bandos, parece que el conflicto puede alargarse eternamente y, lo que es peor, con cada uno de los adversarios cada vez más alejado del otro, cada vez más enconado en su posición cerrada y cada vez menos dispuesto a escuchar sinceramente los argumentos del otro. Mientras resurgen fantasmas del pasado más siniestro, la sociedad catalana se está quedando enfrascada en una batalla simbólica mientras no hace frente a los problemas concretos que sufre una inmensa parte de la población, de los que la precariedad laboral o el aumento del precio del alquiler no son más que la punta del iceberg.

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Bandos ya irreconciliables

El problema ya no es tanto que cada una de las partes represente aproximadamente un 50% de la población sino que no parece existir ninguna solución realista que pueda contentar mínimamente a ambos bandos. En pocos años, hemos pasado de un 20% de partidarios de la independencia a aproximadamente un 50%, y si las campañas mediáticas de la antigua Convergència sin duda han jugado un papel fundamental en este cambio, nada comparable con el “relato” presentado por el Partido Popular que rápidamente se ha asimilado a la pertenencia a España. Un discurso basado en la aplicación más cerrada de la legislación vigente en un país donde pesan graves dudas acerca de la independencia judicial y donde el propio partido en el poder acumula más de 800 casos abiertos no tiene el suficiente crédito como para ser aceptado por el conjunto de la población. Con razón o sin ella, a una inmensa parte de la población le cuesta creer que decisiones judiciales como la encarcelación de los líderes de la ANC y de Omnium Cultural y de la cúpula del gobierno catalán se hayan adoptado al margen del gobierno central. La sacrosanta independencia judicial es difícilmente creíble en vistas de los numerosos antecedentes y cada decisión procedente del Estado no ha hecho más que empujar a los catalanistas más moderados hacia la opción de la independencia, que alcanza ya claramente a la mitad de la población.

Con razón o sin ella, el catalanismo político entiende que las autoridades judiciales españolas actúan contra sus representantes con un celo claramente determinado por directrices políticas y que, por tanto, respetar el orden jurídico vigente ya no es una obligación. La clave está en que, llegados a este punto, este 50% de partidarios de la ruptura con España no va a conformarse con nada que sea menos que la independencia o, por lo menos, un referéndum vinculante de autodeterminación. Por el otro bando, ninguno de los dos grandes partidos españoles está dispuesto siquiera a negociar una propuesta semejante. De los partidos de ámbito estatal queda Podemos, probablemente más dispuesto a una solución pactada, pero con unas posibilidades todavía lejanas de imponerse en el gobierno central.

¿Cómo hemos llegado a este punto?

Son probablemente múltiples las circunstancias que, acumuladas, hayan llevado a esta situación (la crisis económica, la voluntad de Convergència y PP de tapar sus vergüenzas con banderas, la tradicional falta de consideración hacia el hecho diferencial catalán, la pérdida de identidad frente a la globalización, etc) pero la desconexión que se ha producido entre un bando y otro parece definitiva. Ya no se trata de convencer a la otra parte sino de acallarla o destruirla y, a pesar de la multitud de partidos que se presentarán a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre, en realidad son dos bloques enfrentados, con En Comú Podem de indecisa bisagra, los que van a concurrir en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre. La portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha llegado a plantear las elecciones como una lucha “entre el bien y el mal.” El maniqueísmo nunca se ha llevado bien con la democracia y la prioridad de los políticos catalanes debería ser la clara consciencia de que, con o sin independencia, los siete millones y pico de catalanes deberán convivir de la mejor manera posible.

 Total falta de autocrítica

Con los dos bandos más preocupados en despreciar al otro en lugar de ofrecer un discurso constructivo y realista, no se atisba ninguna solución a corto o medio plazo. Al revés, cada movimiento del uno no hace más que confirmar al otro en unas posiciones cada vez más extremas y nadie parece dispuesto a asumir los numerosos errores cometidos. Tratando de apagar las ansias separatistas, el Estado no ha hecho más que darles nuevos argumentos y, con medidas tan prescindibles como el encarcelamiento preventivo de la cúpula del govern, ha convertido a unos irresponsables victimistas en auténticas víctimas incluso a ojos de los que no comulgan con sus ideas. El separatismo político no ha desaprovechado el cartucho que tan amablemente le ha ofrecido el Estado y puede seguir tratando de difundir por Europa la imagen de una España intolerante y antidemocrática.

Nada de esto hubiera pasado si el Estatut aprobado por las cortes catalanas y españolas, totalmente asumible en un España unida pero algo más abierta a las peculiaridades de su población, no hubiese sido impugnado ante el Tribunal Constitucional. Volver ahora a ese Estatut es ya imposible y esperar a que la tensión y la sensación de agravio decaigan por si solas es una ingenuidad.

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